El “vaso medio lleno” del indicador de inflación de febrero muestra un aumento menor que el del mes precedente, pero las proyecciones del resultado final del año superan a la pauta presupuestaria del 29% anual, coinciden economistas.
Los más alarmistas se preguntan si no se está encubando un “Rodrigazo”, como se llama al ajuste aplicado en junio de 1975 por el entonces ministro de Economía Celestino Rodríguez luego del fracaso de la concertación de precios y salarios que había llevado adelante su antecesor José Ber Gelbard durante el efímero gobierno de Héctor J. Cámpora en 1973. La crisis de 2001 respondió a otros factores, dicen.
La inflación del 3,6% en febrero es mayor a la esperada por el Gobierno y los especialistas privados, pero muestra una desaceleración frente a diciembre y enero, el “vaso medio lleno”. Pero en doce meses, la inflación avanzó 40,7%, con una fuerte incidencia del capítulo Alimentos y Bebidas.
El indicador de inflación núcleo, que mide los sectores cuyos precios no están regulados, fue de 4,1% en febrero, levemente superior al del mes anterior. “Un peligro”, dicen algunos economistas.
El capítulo de Alimentos y Bebidas, el que más pesa en el índice de precios al consumidor, subió a 3,8%, un punto porcentual menos que el de enero. Pero sigue siendo el principal factor de preocupación del Gobierno por su impacto en la población en un año electoral.
Para el economista Enrique Szewach “estamos más cerca de un 50% a 60% de inflación anual que del claramente lejano 29%”, en un contexto de incertidumbre en el que se están ajustando precios “por las dudas”, a ver qué pasa luego de las elecciones legislativas de octubre.
”Por las buenas es difícil” contener la presión inflacionaria, en vista de que para alcanzar la meta del 29% anual hace falta lograr “índices de un por ciento y algo más” todos los meses hasta el fin del año, destacó en declaraciones a radio Mitre.
Szewach, ex director del Banco Central, advirtió además que el dólar, contenido por la presión del cepo cambiario y el menor ritmo de devaluaciones, puso al valor de la divisa estadounidense “por debajo de la tasa de inflación”.
“El atraso del tipo de cambio trae problemas en el comercio exterior. No se puede congelar el tipo de cambio para siempre. Ya lo vivimos y lo sabemos de memoria”, subrayó.
La consultora GRA, una de las referentes de la encuesta del Banco Central sobre expectativas macroeconómicas, espera un 36% de inflación anual, siete puntos por encima de la pauta oficial, como resultado de “las políticas de control de costos que se están haciendo sobre dólar, tarifas, salarios y márgenes de empresas”.
Prevé “una emisión monetaria neta de Leliq y Pases que sería en el año del 46%, compatible con una inflación del 36%, un PBI aumentando más del 6%, y un poco más de monetización forzosa de la economía”.
La inflación de febrero “es un dato malo”, afirmó Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos. “Si bien está en linea con lo que teníamos, se había generado la expectativas de que podía ser mas bajo”, agregó.“Lo peor es el 4,1% de inflación núcleo, que da el verdadero ritmo de la inflación y es altísimo”, advirtió.
Emisión y déficit fiscal
El viernes pasado, el Banco Central habilitó una transferencia al Tesoro Nacional por $70.000 millones en concepto “adelantos transitorios”, como se llama a los préstamos de “corto plazo” permitidos hasta un monto equivalente al 12% de la Base Monetaria y hasta 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno nacional haya obtenido en los últimos doce meses.
En el Presupuesto Nacional 2021, se proyectó un déficit fiscal equivalente a 4,5% del PBI, lo que supone un faltante de caja del orden de 1,8 billones de pesos que se prevé financiarlo con emisión monetaria (60%) y tomando deuda en la plaza local (40%).
“Si uno tiene déficit fiscal y lo financia con emisión, es un fantasía tener 1% de inflación mensual como pasó en abril, mayo y junio pasados”, en plena cuarentena y “con una caída del 20% en el PBI”, señaló al canal TN el economista Carlos Melconián. «En el Gobierno van a querer que el Banco Central devalúe menos» para frenar la suba de precios, agregó.
Melconián remarcó que la emisión de pesos sin respaldo en divisas no solo alienta la inflación sino deprecia el valor del la moneda nacional frente al dólar y otras divisas extranjeras.
“No me sorprende que haya vuelto el financiamiento del BCRA al Tesoro. Las colocaciones de deuda en pesos permitieron evitar recurrir a la emisión en febrero, pero todo tiene un límite”, dijo el economista Alejandro Rodríguez al diario La Nación.
“El riesgo que veo para 2021 es que la demanda de dinero vuelva a los niveles que tenía en 2019. En ese caso, lo que hoy no impacta se volvería muy desequilibrante″, advirtió.
Cepo cambiario y exportaciones
El cepo al dólar y las trabas a las importaciones han desatado quejas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras cámaras empresariales por su impacto en la producción local. En los últimos días, la prensa económica dio cuenta de que hay 388 empresas que presentaron medidas cautelares por licencias de importación no aprobadas. “Hay historias: una empresa que piensa en suprimir su división de exportación en la que trabajan 60 personas, otra que va a cerrar un centro de logística para el que invirtió millones de dólares”, advirtió La Nación.
En los primeros días de marzo, el Banco Central compró más del 50% de las divisas operadas en varias ruedas en dólares, con lo que dejó un escaso excedente para la demanda de las empresas. Esto le fija un techo a la recuperación de la actividad industrial.
La entidad monetaria “se está llevando toda la oferta y no está dejando casi nada a la demanda privada”, apuntó el economista Francisco Ballester, director de la consultora MindY-Economics.
Las compras de dólares efectuadas por el Banco Central no se deben a que haya mejorado la oferta de divisas sino porque rigen a pleno las normas que endurecieron las trabas a las importaciones, aseguran en la UIA. Parte de los dólares recomprados se pierden en intervenciones sobre el mercado bursátil para mantener bajo control a los denominados dólares financieros, apuntan además.
El economista Matías Rajnerman, de la consultora Ecolatina, advirtió que el riesgo “es que, con una economía que retoma la actividad, más importaciones se deriven a los dólares, lo que tendría impacto sobre los precios y la inflación. O que parte se deje de importar, al no ser rentable ese dólar, provocando algunos faltantes de stock como las que ya se notan en algunos sectores”.
Un informe de la consultora Consulatio ofrece otro matiz que está relacionado con la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional aumente la distribución entre sus países miembro de los Derechos Especiales de Giro (DEG), formados con una canasta de monedas.
“En el Gobierno ya cuentan con los DEG que llegarían ‘de arriba’, pero representan solo el 65% de los vencimientos con organismos internacionales de crédito que vienen entre agosto y diciembre de este año. Y si se tienta con atrasar el tipo de cambio, tal como anunció, puede volverle a meter presión a la brecha, lo que lo obligaría a gastar más de lo recomprado en intervenir sobre ese mercado”, puntualizó la consultora.
El margen de maniobra del Banco Central “es muy estrecho” sostiene a su vez un informe de la consultora GMA Capital. “De los U$S 39.800 millones en reservas brutas, quedan solo U$S 2.300 millones netos una vez descontados los pasivos registrados como reservas. Pero si descontamos la posición en oro, las reservas netas líquidas son negativas en U$S 1100 millones», advierte.
¿Qué pasará con las tarifas?
Además de sus quejas por el cepo y las trabas a las importaciones, la UIA reclamó al Gobierno que la quita de subsidios energéticos a los establecimientos industriales se de “en un marco de previsibilidad y con escalonamientos”.
Todos miran hacia fin de marzo, cuando se habrán celebrado las audiencias públicas que preceden a los ajustes de las tarifas de la energía.
Un estudio del Ministerio de Economía sobre las tarifas del gas muestra que el Estado subsidia el 60% del precio, mientras que los usuarios se hacen cargo del 40% restante. Señala además que la partida presupuestaria prevista este año para el subsidio supone que el Estado se haga cargo del 35% del precio, mientras que el resto correría por cuenta del usuario.
Esto quiere decir que para respetar el Presupuesto Nacional 2021, la factura de gas promedio debería incrementarse en un 27% en verano y un 35% en invierno.Ésa es la previsión del ministro de Economía, Martín Guzmán, contraria al 9% de aumento que propone el Instituto Patria, controlado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien responden funcionarios clave en el área de Energía, incluyendo los entes reguladores.
El detalle es que el caudal de subsidios al sector energético es tan voluminoso que su gestión constituye un eje central de la administración fiscal. El ministro Guzmán pretende que la masa completa de subvenciones energéticas no supere el 1,7% del PBI, meta que no se podría cumplir si se siguen las directrices de la vicepresidenta.
Las consultoras PxQ y Economía & Energía publicaron en conjunto un informe que proyecta que los servicios de electricidad y de gas deberían aumentar 40% para que el gasto en subsidios se mantenga dentro de la meta fijada por Guzmán en el Presupuesto 2021. PxQ y Economía & Energía son respectivamente dirigidas por Emanuel Álvarez Agis y Nicolás Arceo, exmiembros del equipo que acompañó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía del Gobierno de Fernández de Kirchner.
“Si hay una suba de tarifas del 9% –como quieren los entes reguladores dirigidos por funcionarios afines al Instituto Patria–, los subsidios en relación al PBI” aumentarían por encima de «la pauta establecida en la ley de Presupuesto y complicando un acuerdo” con el Fondo Monetario, remarcó el estudio difundido conjuntamente por ambas consultoras.
“Este escenario se complica aun más si consideramos un mayor nivel de inflación, de depreciación de la moneda y aun considerando un mayor crecimiento de la economía que el previsto en la ley de Presupuesto 2021. En este escenario macroeconómico alternativo, la relación subsidios sobre PBI se deteriora aun más”, puntualizó.
Señaló que “si se da un aumento del 9% en la tarifa final de energía eléctrica y de gas natural, que implica solamente un incremento para las variables de transporte y distribución, las transferencias del Tesoro a ese sector energético aumentarían al 1,9% del PBI”.
“En el escenario en que las tarifas aumentaran 30%, los subsidios terminarían en 1,7% del PBI (aumentarían en relación a los subsidios devengados, que representaron 1,6% del PBI)”, concluyó.
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