La Secretaría de Comercio Interior creó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), que obliga a las grandes empresas a informar mensualmente los precios de sus productos, cantidades vendidas y stocks de bienes finales e intermedios.
Lo hizo a través de la resolución 237/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que no implicará para las empresas ningún gasto o trabajo adicional debido a que es una información con la que ya cuentan y que deberán enviar por sistema y bajo declaración jurada, dijeron fuentes oficiales.
En una primera etapa, la medida alcanzará a alrededor de medio millar de firmas de los sectores de alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos.
Con esta iniciativa, el Gobierno persigue el objetivo de «entender mejor la evolución de los precios en cada cadena de valor para luego hacer mejores políticas para el mercado interno», explicaron fuentes del ministerio de Desarrollo Productivo.
Los sectores comprendidos inicialmente son aquellos que cuentan actualmente con mayores tensiones de abastecimiento, stocks y precios; luego, en una segunda etapa se incorporarán más rubros hasta alcanzar alrededor de 1.000 empresas.
«Queremos contar con información fiable y actualizada mes a mes para hacer más sencilla la cadena de comercialización y poder prever con anticipación problemas de stock o de abastecimiento», señalaron las fuentes del ministerio que conduce Matías Kulfas.
La primera presentación deberá realizarse entre los días 1 al 10 de abril de este año y, por única vez, se informarán los precios, cantidades vendidas y stock disponibles para los meses de enero, febrero y marzo del 2021; luego, el trámite mensual hará referencia a los mismos ítems pero sólo del mes inmediato anterior.
En todos los casos, se podrán realizar rectificaciones de lo informado en los cinco días siguientes al cierre correspondiente (11 al 15 de cada mes).
Las compañías deberán reportar la información -que tendrá carácter reservado y confidencial- en forma obligatoria y, de no hacerlo, serán pasibles de sanciones a través de la ley 20.680 de Abastecimiento y sus modificatorias, aseguraron las fuentes oficiales.
«Esta iniciativa nos permitirá tener un monitoreo actualizado y más preciso para hacer seguimientos de precios e insumos, detectar alertas, problemas de producción», señalaron las fuentes.
«También nos va a permitir tener mejor información de cara a la mesa de precios y salarios», agregaron.
De acuerdo con lo establecido por la Resolución 220/2019 y sus modificatorias de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, el Sipre comprenderá a las empresas que facturan anualmente más de $ 965 millones en el caso del sector de la construcción; más de $ 2.602 millones en comercios; y $ 2.540 millones en firmas dedicadas a la actividad industrial.
Entre los objetivos del Sipre, en los fundamentos de la norma se señala la posibilidad de «dotar al Estado nacional de una herramienta de monitoreo del comercio interior y tener alertas tempranas de faltantes de mercadería que puedan producirse».
También coordinar acciones para prevenir situaciones de faltantes o escasez; mejorar la planificación de políticas públicas; fortalecer el mercado interno y proteger los derechos de las y los consumidores.
«Acá no hay una cuestión de atacar márgenes de rentabilidad, si no que se busca entender cuál es la evolución de los precios en la cadena, cuándo hay picos de precios y de demanda y problemas de abastecimiento para poder administrar mejor situaciones tanto en shock como en normalidad del proceso de producción y de comercialización», subrayaron las fuentes de la cartera de Desarrollo Productivo.
En los próximos días se dará a conocer qué sectores están comprendidos es la primera etapa, junto con la información necesaria para las firmas alcanzadas.
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