El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, sostuvo que los controles impuestos por el Gobierno a las grandes empresas son «una nueva carga burocrática” en momentos en que se necesitan medidas para alentar la producción.
«Si lo que se pretende con toda esta información es que no haya inflación, que ataquen los problemas macroeconómicos porque es un tema multicausal”, opinó en declaraciones al diario La Nación.
Dijo que “siempre se piden mayores requerimientos y no se piensa en la capacidad de las empresas para enfrentarlos y la utilidad de la propia información”.
«En la industria de alimentos y bebidas estamos con Precios Máximos desde marzo pasado, y los que no son Precios Máximos son Precios Cuidados, donde también hay un sistema de información. Y, por otro lado, hay un efecto Covid de encarecimiento de costos, como fletes internacionales, que impacta más en la Argentina por la simple razón de que otros países no tienen nuestra distorsión inflacionaria», apuntó Funes de Rioja.
“No sé si es para fines estadísticos o para mayor control, pero genera más burocracia para las empresas y el Estado y es un costo extra. Para remitir esa información necesitás gente y dinero en épocas de pandemia, cuando las empresas están trabajando con un 70 u 80% de su dotación», agregó.
Los controles ordenados por las autoridades constituyen «una nueva carga burocrática» sobre empresas que ya sufren “estrés Covid”, remarcó el directivo de la COPAL.
En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó hoy que el sistema de monitoreo impuesto a las grandes empresas “es una herramienta más para tener información precisa sobre precios y abastecimiento en un momento con muchas tensiones en los precios”.
«El objetivo es tener los mecanismos afilados para saber lo que está ocurriendo, en enero tuvimos un problema de faltantes de aceite y se verificó que había habido posiblemente un proceso especulativo”, aseguró a la radio Metro.
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