La jueza federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre le ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que no le cobre el impuesto extraordinario «a las grandes fortunas» al empresario Alejandro Scannapieco, ejecutivo de la tecnológica argentina Globant, el primero en conseguir una medida cautelar contra lo dispuesto por la ley 27.605 reglamentada por la entidad recaudadora hace un mes.
Según el fallo, dictado el viernes pasado y que publican hoy los diarios La Nación y Clarín, la jueza resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, consecuentemente, disponer que la parte accionada se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la Ley 27.605”.
El empresario había presentado un amparo judicial para no pagar el impuesto alegando que afecta a su derecho a la propiedad y no se trata de un “aporte solidario” como asegura la ley, sino de un tributo “confiscatorio” que se “exige sin contraprestación, en forma coercitiva, no es voluntario u optativo, está destinado a contribuir a financiar el gasto público”.
“El aporte afecta la capacidad contributiva al menoscabar significativamente su renta, gravada ya con el Impuesto sobre los Bienes Personales y que de manera tangencial también se afecta el derecho de propiedad”, señaló el texto de la demanda contra la AFIP.
La medida dictada por la jueza tiene en principio una vigencia de tres meses con una caución real de 100.000 pesos hasta que se resuelva la cuestión de fondo que reclama Scannapieco.
Se da por descontado que la AFIP apelará ese fallo en momentos en que se calcula que otras cinco personas han pedido amparos judiciales contra el llamado impuesto extraordinario «a las grandes fortunas», aprobado por el Congreso hace unos meses e impulsado por el Gobierno.
El impuesto “solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” creado por la ley 27.605 prevé un pago por única vez para aquellos patrimonios que superan los 200 millones de pesos, con alícuotas que van del 2% al 3,5% sobre bienes en el país y del 3% al 5,25% para los declarados en el extranjero.
El tributo, que según cálculos oficiales alcanza a unos 13.000 contribuyentes, ha sido rechazado por asociaciones empresariales y por la oposición de Juntos por el Cambio, entre otros.
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