El procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, será el encargado de constituirse como querellante en representación del Estado en la causa penal contra el ex presidente Mauricio Macri por presunta defraudación en el acuerdo «stand by» firmado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el que la Argentina adeuda unos 45.000 millones de dólares.
Zannini fue designado por el decreto presidencial 239/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, para que «se constituya en parte querellante, en representación del Estado Nacional, en la causa número 3561/2019 Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública».
Dispone que el funcionario que depende directamente del Presidente de la Nación «coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional».
Además, instruyó a que se disponga a «iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal».
El decreto del presidente Alberto Fernández también instruye a la Sindicatura General de la Nación «para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada» por el FMI durante la gestión de la economista francesa Christine Lagarde, actual directora del Banco Central Europeo.
El acuerdo con el FMI fue por un monto total de 57.000 millones de dólares, de los cuales se adeudan 45.000 millones cuyo pago es motivo de negociaciones que se preveía concluir en mayo próximo, pero permanecen en veremos y se da por descontado que no concluirán hasta después de las próximas elecciones legislativas.
«He instruido que se haga una querella criminal para saber quiénes fueron responsables de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda», había señalado Fernández en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Según el mandatario, el crédito en cuestión «fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri: eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado».
La dirigentes de la coalición Juntos por el Cambio, que llevó a Macri a la jefatura del Estado, niegan tajantemente tales acusaciones y aducen que la mayor parte del préstamo del FMI fue destinada a cancelar deuda externa heredada de la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación.
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