La Corte Suprema de Justicia se declaró competente para tratar el amparo presentado por el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que se anule por inconstitucional el decreto presidencial que prohíbe las clases presenciales en los tres niveles de la educación hasta el 30 de abril próximo en el Área Metropolitana de Buenos Aires debido al fuerte rebrote de contagios con la Covid 19.
El máximo tribunal se apresta ahora a correr vista de la causa al Poder Ejecutivo Nacional, que por medio de la Procuración del Tesoro impugnó ante la Justicia federal un fallo del fuero contencioso administrativo porteño a favor del Gobierno porteño y reclamó que el litigio se resuelva en los tribunales federales.
Así lo informaron fuentes judiciales que admitieron la posibilidad de que el conflicto sea resuelto esta semana por la Corte Suprema.
Las fuentes detallaron que el fallo judicial favorable a las clases presenciales no respondió al amparo pedido por el gobierno de Rodríguez Larreta sino a uno presentado por una asociación civil de padres de alumnos, aunque ambos aducen que el decreto presidencial es inconstitucional por intromisión en facultades que corresponden al distrito porteño, autónomo desde la reforma constitucional de 1994.
La Corte Suprema ya tiene un dictamen de la Procuración (Fiscalía) que dijo que el máximo tribunal del país es competente para dirimir conflictos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación.
Cuando el Gobierno nacional responda, mediante la Procuración del Tesoro, los ministros de la Corte estarán en condiciones de tomar una decisión definitiva, a menos que entiendan que hace falta pedir una nueva opinión a la Procuración sobre la cuestión de fondo del conflicto, es decir las clases presenciales.
El Gobierno de Alberto Fernández sostiene que el fallo que permite las clases presenciales en el territorio porteño es «un mamarracho” y un “estrago jurídico”, mientras que Rodríguez Larreta presentó el amparo ante «medidas inconsultas» que vedaron las clases presenciales, entre otras restricciones.
La decisión de la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires fue cuestionada por constitucionalistas que sostienen que como tribunal local es incompetente para suspender el efecto de un decreto nacional.
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