El Gobierno presentó a la Corte Suprema de Justicia los argumentos por los que el presidente Alberto Fernández decretó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles de la educación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre otras medidas para mitigar el rebrote de contagios con la Covid 19, medida incumplida y apelada ante el tribunal por las autoridades porteñas.
La presentación fue realizada por abogados de la Procuración del Tesoro y asesores de la Jefatura de Gabinete en la medianoche del lunes, cuando vencía el plazo de cinco días para hacer ese trámite en el conflicto con la ciudad de Buenos Aires, que aduce que el decreto en cuestión viola su autonomía.
Entre las principales razones esgrimidas, el Gobierno sostuvo que en el AMBA se dan actualmente más del 50% de los nuevos casos de contagios con el coronavirus SARS Cov 2 en la «segunda ola» que afecta al país.
También detalló que el ritmo de contagio es superior al que se venía experimentando y mayor al que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico en el territorio nacional.
Por otra parte, advirtió que la saturación del sistema de salud tiene como consecuencia primordial el aumento de las cifras de mortalidad.
«El Gobierno federal comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, pero en este contexto actual, es deber del Estado abordar medidas de tal carácter, en la protección de la vida y la salud pública», sostiene el texto presentado ante la Corte Suprema, que se declaró competente en este conflicto.
Asimismo, rechaza el argumento del Gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta según el cual «la educación en forma virtual no resulta adecuada y suficiente para la actual situación epidemiológica». También niega que «la educación virtual traiga aparejados gravísimos perjuicios en niños y adolescentes en su evolución psicológica, interpersonal y social», como sostienen las autoridades porteñas.
Igualmente, descarta que «la presencialidad escolar tenga una incidencia mínima en la propagación del COVID-19».
Sin embargo, la demanda del Gobierno porteño se centra en que se violó la autonomía de la ciudad basada en los derechos adquiridos con la reforma constitucional de 1994. Además incluye datos que a su juicio no justifican suspender las clases presenciales.
El texto presentado por el Gobierno a la Corte Suprema rechaza que el decreto presidencial «haya sido dictado a los fines de cambiar el centro de la atención pública y que pueda considerarse un fracaso del Gobierno nacional su plan de adquisición de vacunas contra el virus SARS-COV-2 (Covid-19)», como adujo Rodríguez Larreta en declaraciones públicas en las que rechazó el decreto presidencial.
En este sentido, se pide que se cite a la provincia de Buenos Aires dado que la circulación no afecta solo a la ciudad de Buenos Aires.
El alegato rechaza que el decreto presidencial afecte «la autonomía de la ciudad de Buenos Aires» ni que «lesione derecho alguno», así como que haya «venido a subvertir el orden constitucional».
En la presentación, el Gobierno hace hincapié además en la incidencia de la presencialidad en el transporte público, y cita casos como España y Estados Unidos, donde las escuelas no permanecieron abiertas «en los momentos de mayor contagio».
Sostiene que «es innegable el crecimiento exponencial de los contagios» en el país en «desde fines de abril» lo que se traduce en un «panorama inquietante con riesgo de saturación del sistema de salud y de aumento de la mortalidad» que «justificó las medidas urgentes» tomadas por las autoridades nacionales.
Por otra parte, afirma que «en forma maliciosa se ha intentado confundir a la población mencionando a las medidas adoptadas como ‘la cuarentena eterna’, un término que no refleja la realidad».
La presentación incluye, además, un informe elaborado por el Ministerio de Salud con los datos epidemiológicos y los indicadores en los cuales se basó el Gobierno Nacional para dictar la medida que cuestionó la administración porteña.
Asimismo pone de relieve que el decreto con el que se dispuso la suspensión de la presencialidad en las escuelas del AMBA durante quince días se puede realizar en vistas de que está en juego «un derecho superior», en referencia a la salud pública, y que se trató de una medida temporal dispuesta en un contexto de emergencia.
Asimismo se resalta que las medidas dispuestas por el Gobierno nacional han sido «constantemente dinámicas en razón del lugar y de la circulación del virus».
«Es por ello que la no adopción de medidas oportunas y razonables, focalizadas y transitorias, fundadas en evidencia científica y en la experiencia internacional para evitar aquellos resultados, significaría asumir el riesgo de que ocurran consecuencias irreversibles para la salud pública, y que solo quede lamentarlas, cuando ya sea demasiado tarde», destaca el escrito.
Dice que resultó «indispensable» ampliar «el horario de restricción de la circulación de personas en el AMBA desde las 20 hasta las 6» al tiempo que se vieron garantizadas «la realización de la mayor cantidad de actividades económicas que no impliquen alto riesgo de contagio».
Respecto de las medidas en general, la presentación reseña también que «ante las mismas situaciones se han adoptado medidas idénticas y análogas, en forma temporaria y focalizada, en otros países de diversos continentes tales como Chile, Uruguay, México, Francia, Italia, Portugal, España, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Finlandia, Israel, Bélgica, Suiza, entre otros».
En tanto, la decisión de utilizar todo el plazo que otorgó la Corte para responder la demanda -5 días- y no hacerlo antes tuvo que ver con que en el Gobierno Nacional consideran que el que está en falta es el jefe de Gobierno porteño que luego de negarse a acatar el decreto presidencial «hizo lo propio con un fallo judicial del fuero Contencioso Administrativo».
Pero tal fallo no respondió a una demanda del Gobierno porteño sino a la presentada por una asociación de padres de alumnos de escuelas porteñas.
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