En medio de los altibajos del Bitcoin y otras criptomonedas, el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtieron hoy sobre los riesgos de las operaciones con ese tipo de activos financieros, que carecen de «salvaguardas» y pueden estar involucrados en delitos de lavado de dinero
En un comunicado conjunto remarcaron que para invertir en criptomonedas hace falta antes tener «información suficiente» para entender y evaluar los «riesgos asociados a los mismos».
Destacaron que las criptomonedas no son dinero de curso legal, tienen elevada volatilidad, pueden sufrir ciberataques, carecen de «salvaguardas» y que corren el riesgo de lavado de activos.
«Los criptoactivos, que buscan ser utilizados como instrumentos de pago o con fines de inversión, no son emitidos ni respaldados por un banco central o autoridad gubernamental y, tal como se mencionó, no cumplen con las condiciones necesarias para ser considerados dinero de curso legal o título negociable. Como resultado, su aceptación como medio de cancelación de deudas o para realizar pagos en la economía no es obligatoria», subrayaron.
«Se observa que las cotizaciones de los criptoactivos pueden fluctuar significativamente en cortos períodos de tiempo, lo cual puede dar lugar a importantes pérdidas financieras para sus tenedores, incluyendo la posibilidad de perder la totalidad de los recursos invertidos», apuntaron además.
Pusieron de relieve que esos riesgos incluyen a los llamados «criptoactivos estables» (stablecoins), que en opinión del BCRA y la CNV «han sido diseñados para mantener su valor con respecto a otro activo o canasta de activos, muestran generalmente altos niveles de volatilidad en sus precios y tienen niveles variables de respaldo en moneda fiduciaria».
«Asimismo, el valor de los criptoactivos depende de su grado de aceptación, por lo que puede verse afectado por la ocurrencia de eventos adversos a nivel global», alertaron.
«Las plataformas de intercambio, negociación y custodia de criptoactivos podrían enfrentar disrupciones operacionales durante las cuales las personas usuarias pueden no tener acceso a sus tenencias y, como resultado no poder realizar operaciones, situación que podría reflejarse en pérdidas económicas», explicaron.
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