El aumento salarial del 40% acordado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para los cerca de 11.700 trabajadores del Congreso aumentó la tensión en las negociaciones paritarias luego de que el Gobierno acordara un ajuste del 30% con los sindicatos de estatales.
La recomposición salarial para el personal legislativo está además muy por encima de la pauta de inflación anual del 29% fijada en el Presupuesto Nacional de este año, cuando todo indica que el costo de vida se encarecerá en al menos un 50% dado el aumento acumulado (17,8%) durante en el primer cuatrimestre.
La mayoría de los sindicatos acordaron o negocian en paritarias aumentos del 30 al 35% y varios analizan volver a incluir «cláusulas gatillo» de ajuste por inflación.
El resultado de la paritaria del Congreso se conoció en momentos en que el líder de la federación de Camioneros, Hugo Moyano, reclama un ajuste salarial del 45% para los afiliados al sindicato y con ello pone en jaque a sindicalistas afines al Gobierno o con posiciones moderadas a causa del impacto económico de la pandemia de coronavirus.
El aumento a los empleados del Congreso se pagará en cuatro tramos desde julio hasta octubre próximo inclusive, según se informó oficialmente luego del acuerdo alcanzado por dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación del Personal Legislativo (APL) con Fernández de Kirchner, en su carácter de presidenta del Senado, y Massa.
A comienzos de año, el Gobierno apuntaba a que las paritarias siguieran la pauta inflacionaria del 29% anual fijada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Presupuesto Nacional. Ahora comienzan a quedar atrás los acuerdos salariales firmados apenas por encima de esa pauta y varios sectores sindicales se aproximan a la posición del camionero Hugo Moyano.
En los últimos tres años, la crisis económica redujo el valor real de los salarios, sobre todo los trabajadores informales o «en negro», que sufrieron una pérdida equivalente a 6,8 sueldos. En segundo lugar están los trabajadores estatales, con 4,7 sueldos menos, y el sector privado registrado, que perdió 3,6 salarios, según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos del Indec.
El estudio señala que si se toman como referencia los salarios de marzo de 2018, se aprecia que tres años después su valor real se redujo en un 15,6% para el sector privado registrado, un 20,7% para el sector público y un 25,9% para el sector privado no registrado. Esto quiere decir que un trabajador gana hoy un salario que perdió entre un cuarto y un quinto de su valor real comparado con el de hace tres años.
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