Un grupo de productores «autoconvocados» prepara una «gran movilización federal» en todo el país el 9 de julio próximo para rechazar la limitación a las exportaciones de carne vacuna y otras políticas del Gobierno, bajo la mirada atenta de la Mesa de Enlace agropecuaria.
La Federación Agraria anunció su adhesión y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha dado señales de sumarse, mientras que la Sociedad Rural y Coninagro, los otros dos miembros de la Mesa de Enlace, evalúan los pasos a seguir en vista del creciente malestar de sus afiliados.
La protesta se llevará a cabo bajo la condición excluyente de no aceptar la participación de manifestantes de partidos u organizaciones políticas.
“Generosamente les advertimos que, debido a la difícil situación sanitaria y en consideración a la gente que está sufriendo, no hemos hasta el momento profundizado las medidas de protesta, pero sepan que de continuar en este camino volveremos a repetir la historia ya conocida, dónde todos perdimos», dice un manifiesto emitido hace unas semanas por la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados.
El texto alude claramente al conflicto desatado a mediados de 2008 por el intento del por entonces Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de aprobar una ley de retenciones móviles a las exportaciones de granos, iniciativa que fracasó en el Senado por el «voto no positivo» del vicepresidente Julio Cobos al desempatar la votación en la cámara alta.
A esta nueva protesta agropecuaria se van sumando otros sectores afectados por las restricciones dictadas para prevenir la propagación de contagios con la Covid 19, como el gastronómico, el comercio minorista y el turismo, a los que las ayudas económicas del Gobierno no les ha alcanzado para evitar fuertes pérdidas.
Mientras, el Gobierno insiste en que su principal preocupación es frenar la inflación y que las exportaciones son uno de los factores del alza del precio de la carne vacuna, cuyas colocaciones al extranjero redujo en un 50% el 21 de junio pasado, cuando concluyeron los 30 días de veda total que desencadenó una huelga ganadera de dos semanas organizada por la Mesa de Enlace agropecuario.
Además de reducir las exportaciones a la mitad, prohibió las de siete cortes de mayor consumo doméstico, lo que mantuvo la tensión con los ganaderos y afectó los negocios de los frigoríficos, que suspendieron a parte de sus trabajadores durante el cierre del comercio exterior de productos cárnicos.
Para disgusto de la Mesa de Enlace, el Gobierno tiene como interlocutor al Consejo Agroindustrial con el que espera avanzar este año en una ley de fomento a la Agroindustria en sintonía con un Plan Ganadero con el alegado propósito de aumentar la producción de tres a cinco millones anuales de cabezas de ganado.
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