Productores agropecuarios y de actividades agroindustriales de 164 localidades de 19 provincias se concentraron a las afueras de la ciudad bonaerense de San Nicolás en un multitudinaria protesta organizada por «autoconvocados» contra las trabas a las exportaciones de carne y otras políticas del Gobierno para el campo.
En la ciudad de Tucumán se registraron choques violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad que les impidieron acceder al acto oficial por el Día de la Independencia, que encabezó el presidente Alberto Fernández acompañado por el gobernador tucumano, Juan Manzur, y otras autoridades nacionales y provinciales.
Al acto en San Nicolás, organizado con el lema de defender la producción, el trabajo y las instituciones de la república, asistieron los dirigentes de la Mesa de Enlace agropecuario -superados por el descontento de sus bases- y la presidente de PRO, Patricia Bullrich, a pesar de que fue convocado «sin banderas políticas».
Hubo una amplia adhesión y participación de sectores que vinculados de forma directa e indirecta con la cadena agroindustrial afectados por el «cepo» a las exportaciones de carne vacuna, los derechos de exportación y la presión impositiva.
La protesta coincide con una baja del precio del ganado en pie que no alcanzó para frenar las alzas en los de los cortes de carne vacuna. El «cepo» a las exportaciones no logró frenar la inflación, el alegado propósito del Gobierno al aplicar esa restricción.
Unas 70.000 personas asistieron al acto en San Nicolás, según los organizadores de la protesta, que se suma a la huelga ganadera de dos semanas convocada en junio pasado por la Mesa de Enlace en rechazo al cierre por un mes de las exportaciones cárnicas, que luego derivó en una apertura parcial con la prohibición de colocar en mercados extranjeros los siete cortes vacunos de mayor consumo doméstico.
Durante el acto, los productores de a pie repudiaron con dureza al kirchnerismo y recordaron el conflicto desatado en 2008 cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentó sin éxito aplicar una ley de retenciones a las exportaciones de granos, cuyos precios estaban por entonces en altos niveles en los mercados internacionales.
Proclama
“Hoy, 9 de julio de 2021, los ciudadanos argentinos reunidos en San Nicolás de Los Arroyos declaramos”, dice el primer párrafo de la “Proclama de San Nicolás” leída en el acto y dirigida “a los tres poderes del Estado, en los niveles Nacional, Provincial y Municipal, y en todas las jurisdicciones de la República Argentina, su compromiso inmediato con el cumplimiento de lo demandado en esta proclama”.
1) “Que el cumplimiento de la Constitución Nacional no es optativo, sino obligatorio. Ante la grave situación actual, y las dificultades que acarrea al normal funcionamiento de las instituciones, el Estado debe ser más prudente que nunca. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso deben sancionar leyes ni tomar medidas cuya constitucionalidad no resulte, a todas luces, indiscutible”.
2) “Que la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva. Argentina no puede sostenerse, mucho menos prosperar, sin agricultura, sin industria, sin comercio, sin servicios. Ninguna de estas actividades puede desarrollarse como nuestro país necesita con la presión impositiva y las leyes laborales actuales”.
3) “Que el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución y todo funcionario público está obligado a velar por su respeto. Nadie que ocupe un cargo público debe hacer declaraciones que relativicen o pongan en duda este derecho, pues al hacerlo no hablan en su propio nombre, sino en el del Estado, y el Estado no puede sostener opiniones contrarias a la Constitución”.
4) “Que es obligación del Estado compensar a aquellos ciudadanos que se ven forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas para preservar la salud de la comunidad (como prestadores turísticos, gastronómicos, organizadores de eventos, entre otros). Todos los rubros afectados de manera directa por las restricciones sanitarias deben quedar exentos de cualquier tasa o impuesto nacional, provincial y municipal, y esta exención debe prolongarse el tiempo suficiente para que puedan recuperarse, ya que es el propio Estado el que les impide trabajar en nombre del bien común; y las limitaciones a su actividad no deben prolongarse ni un minuto más de lo estrictamente necesario”.
5) “Que la educación es un derecho inalienable, y sólo la presencialidad puede garantizar el acceso a ella a todos los niños del país. Las escuelas deben ser lo último en cerrarse, lo primero en abrirse, y la suspensión de clases presenciales debe ser por poco tiempo y sólo en los distritos en que resulte realmente indispensable”.
6) “Que el personal de salud es el principal afectado por la pandemia, y debe ser reconocido no sólo en forma simbólica sino también económica. Ningún bono, aumento o beneficio otorgado por el Estado debe superar, en monto o porcentaje, a aquel que se otorgue a médicos, enfermeros y demás trabajadores del sistema de salud”.
7) “Que la única fuente de ingresos para el país es la exportación, y cualquier medida que la obstaculice, la limite o la desaliente es absurda. El gobierno debe derogar inmediatamente cualquier prohibición o cupo para todos los rubros, terminar con el desdoblamiento cambiario, y proponer un plan de reducción progresiva de las retenciones que permita eliminarlas en el menor tiempo posible”.
8) “Que el déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general, y del gasto político en particular. La clase política y su entorno deben compartir los sacrificios del resto de la ciudadanía, y ser los primeros en posponer sus intereses y objetivos en un contexto de crisis”.
En los círculos políticos se preguntan si la protesta de San Nicolás no desembocará en un nueva batalla del campo contra el Gobierno, como ocurrió en 2008, cuando estallaron las marchas contra las retenciones móviles a las exportaciones de granos.
En esta ocasión, la protesta del campo coincide con un clima electoral por las legislativas de noviembre y suma la de sectores agroindustriales también perjudicados, además del descontento de las clases medias por la pérdida de poder adquisitivo provocado por la inflación y el cierre de comercios.
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