El ministro de Economía, Martín Guzmán, quedó bajo un manto de incertidumbre en medio de la presión del sector kirchnerista «duro» luego de la contundente derrota del oficialismo del Frente de Todos en las primarias del domingo en un momento crítico del país por el alto índice de inflación y del déficit público cuando está en veremos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Guzmán, quien acompañó hoy en primera fila al presidente Alberto Fernández en el primer acto oficial tras la derrota electoral volvió a ser blanco de veladas críticas de dirigentes sociales y kirchneristas en vísperas de enviar al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2022.
En principio, el proyecto presupuestario del año próximo prevé un crecimiento económico del 4% con una inflación del orden del 30%. Los analistas destacan que la inflación ya superó la pauta presupuestaria del 29% anual y calculan que cerrará este año en torno al 50%.
La derrota electoral del Frente de Todos desató una euforia en los mercados, pero no es una reactivación del valor de las empresas argentinas sino de una recuperación desde los bajos niveles a los que cayeron a mediados del año pasado.
La incertidumbre se acentúa con el estado de la negociación con el FMI, la evolución del índice de inflación y rumores sobre la salida del ministro de Economía, que su entorno descarta en sintonía con fuentes de la Casa Rosada que niegan cambios en el gabinete de ministros.
En unos diez de 10 días vence el pago al FMI de una cuota de 1.900 millones de dólares prevista en el acuerdo de contingencia (stand by) firmado en 2018 y se presume que se cancelará con parte de los 4.300 millones que entraron al Banco Central luego de la ampliación extraordinaria de derechos especiales de giro realizada por el organismo multilateral en agosto pasado.
Otra cuota de 1.900 millones de dólares vence en marzo de 2022, cuando también caduca el acuerdo que prorrogó vencimientos de deuda con el Club de París a la espera de un acuerdo con el FMI.
Se da por descontado que el Fondo exigirá a Guzmán una política de reducción del déficit fiscal, pero las necesidades de una economía golpeada por la pandemia y las metas políticas del Gobierno van en sentido contrario, según coinciden la mayoría de los economistas. El FMI reclama además un acuerdo político con la oposición como condición a refinanciar la deuda por 45.000 millones de dólares mediante un acuerdo «de facilidades extendidas», a diez años de plazo.
El año próximo, los vencimientos con el FMI ascenderán a 19.000 millones de dólares a los que se le sumarán los 1.700 millones con el Club de París y 1.400 millones con acreedores privados, por lo que Guzmán se propone reducir el déficit primario para lograr una extensión de los plazos de pago.
Este año concluirá con un déficit primario de las cuentas públicas (Tesoro) del orden de 3,3 al 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI), según distintos cálculos privados. Los pasivos remunerados del Banco Central (Leliq, pases) alcanzarán a unos 40.883 millones de dólares hacia fin de año, el doble que en 2019, según cálculos de IERAL-Fundación Mediterránea.
Al calor de sucesivas emisión de pesos para «poner plata en el bolsillo de la gente» en temporada electoral, la consultora Econométrica calcula que el desequilibrio fiscal podría llegar este año a 1,3 billones de pesos, equivalentes a unos 3 puntos del PBI, una cifra cercana al rojo que registrará el Tesoro.
En la actualidad, las tarifas que pagan los consumidores por consumo de electricidad representan el 36,8% del costo (sin incluir la renta) de la generación y distribución de energía, advierte la Fundación Mediterránea. Por ello, los expertos calculan que las subas en las tarifas energéticas no deberían ser inferiores a 70% el año próximo, si es que se quiere ir reduciendo los subsidios, algo que seguramente pedirá el FMI.
El toro por las astas
En una de las primeras reacciones del oficialismo tras la derrota electoral del domingo, la candidata a diputada Victoria Tolosa Paz ( Frente de Todos, provincia de Buenos Aires) sostuvo que la población le dio «una cachetada» al Gobierno, por lo que pidió Fernández y los gobernadores peronistas que tomen «el toro por las astas» para solucionar los problemas.
El dirigente social Juan Grabois dijo hoy que «hay un gabinete muy mediocre» y que Alberto Fernández «no escucha lo que dice la gente». «Tiene una política redistributiva que no es peronista, las desigualdades han aumentado lejos de achicarse», remarcó el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) a la radio Rock & Pop.
En tanto, el intendente del municipio bonaerense de Ensenada, Mario Secco, se quejó por la estrategia de campaña y reclamó «más Cristina» Fernández de Kirchner. «Cuando queremos esconder el kirchnerismo no nos va bien. Cuando el kirchnerismo se pone en valor se gana», aseguró´a la Radio 10.
«Cuando Cristina se puso al frente de la campaña pudimos recuperar la provincia, el país y municipios que habíamos perdidos», remarcó el intendente kirchnerista.
«No tengo dudas de que hay que hacer cambios en el gabinete», dijo a su vez Alicia Castro, habitual detractora kirchnerista de la gestión de Fernández. «No podemos echarle la culpa de todo al macrismo. Si se hace un gobierno de centro, vuelve la derecha», subrayó la exembajadora en Venezuela y Reino Unido cuya designación al frente de la representación diplomática en Rusia se frustró por conflictos dentro del oficialismo.
A su vez, Luis D’Elía se quejó de falencias y errores en la gestión económica del Gobierno: «el último año fue un año de ajuste, de ajuste brutal. De los presupuestos, de las políticas sociales, de la economía, los precios», remarcó.
«En un año sólo dieron cuatro IFE (subsidios familiares por la emergencia sanitaria) , ¡cuatro!. Y encima prometen terminar con los planes», dijo D’Elía en su programa de radio.
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