El Gobierno lanzará un paquete de medidas económicas que suponen el reparto de fondos con emisión de moneda por el equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PBI), en momentos en que el Tesoro acumula fuertes y a contramano de las pautas que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un acuerdo que permanece en veremos.
La primera señal impactante sobre el plan gubernamental para rescatar los votos perdidos con la derrota en las primarias PASO de hace nueve días apareció hoy con el anuncio de una significativa flexibilización de las restricciones sanitarias aplicadas por la pandemia de coronavirus.
El administrador de las «buenas noticias» será ahora Juan Manzur, gobernador de Tucumán devenido en flamante jefe de gabinete gracias a una tregua con su vice, Rodolfo Jaldo, su rival en la provincia. El nuevo jefe de los ministros viene de ser acusado de impedir el aborto legal de una menor violada y de cometer un fraude electoral en 2019.
Manzur anunció que «en el transcurso de esta semana» se anunciarán medidas para mejorar el bolsillo de los trabajadores y jubilados y dar impulso a la actividad económica.
Se trata de medidas que suponen el desembolso y reparto de unos 450.000 millones de pesos gracias a una reedición de «contabilidad creativa» por la cual se emitirá esa cantidad por el equivalente a los recursos extraordinarios girados por el FMI (4.350 millones de dólares).
Las medidas en ciernes
Convocado por el ministerio de Trabajo, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil buscará llevar la suba del 35% acordada meses atrás a un total de entre 46% y 48%, con lo que el ingreso básico de los trabajadores superará los 32.000 pesos mensuales, por debajo de la línea de pobreza medida por el INDEC.
Este ajuste impactará en el valor de los planes sociales, ya que el salario social complementario equivale a la mitad del mínimo. También supondrá un alza de los subsidios que reparten los programas Potenciar Trabajo, las becas Progresar, el Acompañar y los REPRO (de asistencia al pago de salarios).
Por otra parte, se planifica dar un bono del orden de 6.000 pesos a los jubilados de menores ingresos. Se trata de fondos que desembolsará en octubre próximo la ANSES «por única vez» a quienes hoy reciben una jubilación similar a dos salarios. Con el ajuste de este mes, la jubilación mínima se ubica en 25.922 pesos, por debajo de la línea de indigencia.
Además se evalúa una suba del 50% de la Asignación Universal por Hijo, de modo de compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.
Asimismo, se lanzará un plan de asistencia similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), probablemente con otro nombre, por «única vez» y destinado a un grupo más acotado que los 9 millones de las tres etapas del programa original puesto en marcha el año pasado.
En materia impositiva se decretará un aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para llevarlo de 150.000 pesos brutos al mes a $175.000 para empleados en relación de dependencia, con lo cual no tendrán que volver a pagar el tributo quienes hayan logrado aumentos salariales luego de la última actualización, de mayo pasado.
A contramano con el Fondo
El giro extraordinario por 4.350 millones de dólares del FMI fue al Banco Central y volvió como préstamo al Tesoro, aunque la entidad monetaria usará parte de esos recursos para pagar deudas con el organismo multilateral (1.900 millones de dólares este mes y otro tanto en diciembre). La multiplicación de los panes y los peces, dicen economistas que sostienen que esas maniobras no engañan al mercado y acentúan la incertidumbre económica.
El Banco Central, que tiene sus reservas en divisas asediadas por la cotización del dólar, acumula deudas en Leliq (letras que el presidente Alberto Fernández prometió reducir, pero las aumentó) y pases financieros por cuatro billones de pesos.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, siempre en la mira del sector kirchnerista del Frente de Todos, suele criticar al anterior gobierno de Mauricio Macri, por «contraer deudas en dólares para financiar gastos en pesos», que es exactamente lo que se hace nuevamente ahora.
El proyecto de Presupuesto Nacional enviado por el Gobierno al Congreso dice que el resultado de la Administración Pública para 2022 «va a alcanzar un déficit» de tres billones de pesos, lo que implica un aumento del 28% respecto» de este año.
«No obstante – agrega el texto oficial – esa variación se agudiza para paliar los incrementos del Covid y el incremento (del déficit) sería del 48%». Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal advirtió que el Banco Central volverá ser el principal auxilio del Tesoro en 2022 ya que financiará el 79% del déficit financiero de todo el año.
El informe del IARAF muestra que se volverá a recurrir a la emisión monetaria para hacer frente al déficit fiscal, con una inflación proyectada del 33,5%, inferior a la esperada para 2021 pero cuatro puntos porcentuales más que la pautada en los supuestos macroeconómicos con los que se elaboró el Presupuesto 2021 (29% anual).
Cuál será la lectura que harán los negociadores del FMI, al que se le pide más plazo de pago y menores tasas de interés para firmar un acuerdo de facilidades extendidas que por estatuto del organismo son a diez años y con sobretasas.
Además de una pauta concreta de reducción del déficit fiscal, el organismo multilateral que conduce la búlgara Kristalina Georgieva reclama como condición que el nuevo acuerdo para refinanciar las deudas por 45.000 millones de dólares del stand by de 2018 tenga el visto bueno de la oposición de Juntos por el Cambio, es decir una aprobación parlamentaria.
Al margen de los avatares de la política argentina, el FMI pasa por un momento de crisis debido a que Georgieva es impugnada bajo el cargo de haber manipulado datos en favor de China cuando ella era funcionaria del Banco Mundial, la «entidad gemela» del organismo multilateral.
La directora gerente del Fondo niega esa acusación, cuyo impacto puede hacer crecer el poder de Estados Unidos en el organismo multilateral, del que es el principal socio contribuyente por delante de Alemania, Francia y Japón, entre otras potencias económicas.
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