La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) rechazó el proyecto de ley de Envases impulsado por el Gobierno al considerar que se trata de una iniciativa «preocupante» porque incluye un nuevo impuesto y «anacrónica» para proteger el ambiente.
La AmCham «expresa su preocupación frente a una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa (…)», puntualizó en un comunicado.
En este sentido, puso en duda «el establecimiento de una nueva tasa para compensar los gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro, poniendo en entredicho incluso el carácter federal de la norma».
Las empresas estadounidenses difundieron su rechazo luego de que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitiera el miércoles un dictamen favorable al proyecto con el apoyo del Frente de Todos y bloques minoritarios.
La iniciativa impulsada por el Gobierno con el apoyo de cooperativas de cartoneros y recicladores apunta a «promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y en la salud de las personas y promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión».
Prevé la creación de una «tasa ambiental» de «hasta el 3%» que deberán pagar los productores responsables de los envases puestos en el mercado, la gran mayoría alimentos, y «la generación de un sistema propio de recolección y reutilización».
Con lo recaudado por esa se creará un fideicomiso administrado por la banca pública y el Ministerio de Ambiente «para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño», entre otros objetivos del proyecto que deberán debatir los diputados. Los beneficiarios de esos fondos son las cooperativas de cartoneros y recicladores.
La coalición opositora Juntos por el Cambio anticipó su rechazo a esa propuesta y presentó un dictamen de minoría que establece un marco regulatorio sobre el reciclado de residuos de envases.
La Amcham rechazó que la normativa «no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación».
«Otro de los puntos débiles del proyecto es el cálculo de la tasa ambiental, cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien, en el peso del material, sin tener en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente dicho, y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el estado, sin pautas claras de asignación».
En este sentido objetó que «en especial» se fije «un modelo de tratamiento de los residuos de carácter federal, por lo que desde varios sectores se ha solicitado la conformación de un ente mixto público-privado con representación pública pero también de los productores y recuperadores, los fabricantes de envases y la sociedad civil».
«Lo lógico, si todos estuviésemos de acuerdo, sería que la norma establezca la responsabilidad extendida y compartida del productor, fije metas graduales de recupero a nivel nacional, diferenciales por tipo de material y que incentive a los sujetos obligados a organizarse para alcanzar dichas metas un tiempo razonable y progresivo de implementación», subrayó la Amcham.
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