El Gobierno se prepara para llamar a sesiones extraordinarias del Congreso para aprobar entre enero y febrero próximo un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el «plan económico plurianual», la de Envases y una reforma del Consejo de la Magistratura, entre otras iniciativas pendientes cuando es inminente el cierre del período ordinario de debates parlamentarios, dijeron fuentes oficiales.
En este sentido, se espera que el presidente Alberto Fernández firme la semana próxima, o a más tardar el 30 de diciembre, el decreto de convocatoria a extraordinarias, apuntaron.
El único proyecto relevante que podría ser aprobado antes del 30 de diciembre próximo es el del Presupuesto Nacional 2022, que prevé debatir mañana en la Cámara de Diputados, donde la oposición de Juntos por el Cambio está dispuesta a dar quórum a pesar de su rechazo a la iniciativa presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Con la renovación de las bancas en el Congreso, hay un mayor equilibrio entre los bloques de diputados del Frente de Todos y el opositor de Juntos por el Cambio, mientras que el oficialismo ya no tiene quórum propio en el Senado, donde tendrá esforzarse en la búsqueda de aliados y negociar los temas a debatir.
El Gobierno tiene como prioridad la aprobación parlamentaria del acuerdo con el FMI y del «plan económico plurianual» que Fernández anunció que enviaría al Congreso a comienzo de mes, mientras que la oposición le reprocha que no lo hizo así como tampoco se conocen los ejes de las negociaciones con el organismo m unilateral para refinanciar deudas por 45.000 millones de dólares del préstamo stand by firmado en 2018.
Fuentes de la Casa Rosada admiten que todo apunta a que ambos temas sean tratados en el Congreso entre fines de enero y comienzos de febrero, lo que hace prever un «verano caliente» en materia política y económica.
Además, el Gobierno tiene en agenda una decena de proyectos, entre ellos varios de carácter económico que ya fueron enviados al Congreso pero tuvieron escasos avances, como los de Construcción, de Autopartes, de Hidrocarburos y de Agroindustria.
El oficialismo considera que la aprobación de esos proyectos promovería las inversiones y el ingreso de divisas con el consiguiente alivio ante la escasez de dólares en las reservas del Banco Central, uno de los temas que preocupan en las negociaciones con el FMI.
Además buscan aprobar «lo antes posible» una reforma del Consejo de la Magistratura, organismo que investiga y selecciona a los jueces, que ampliaría de 13 a 17 el número de sus miembros con mayor presencia de abogados, magistrados y representantes del sector académico, una iniciativa que rechaza la oposición.
El Gobierno apuesta a que esa reforma frene el dictamen con el que la Corte Suprema podría declarar la inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo de la Magistratura, vigente por una ley impulsada en la década pasada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidente de la Nación, por considerar que viola el equilibrio entre los representantes políticos y los jurídicos, como sostienen juristas y dirigentes de Juntos por el Cambio.
En la agenda oficial de las sesiones extraordinarias también aparece el proyecto de Envases para su reciclado «inclusivo», iniciativa rechazada por las empresas porque incluye la creación de un impuesto con una tasa de hasta el 3% para financiar cooperativas de recicladores.
Juntos por el Cambio, que rechaza aumentos de impuestos o la creación de nuevos, considera que la tasa prevista por la ley esconde la financiación encubierta de movimientos sociales afines a La Cámpora, la fracción kirchnerista del Frente de Todos.
Asimismo, el oficialismo impulsa una polémica prórroga de desalojos de terrenos ocupados ilegalmente por pueblos originarios, el motivo de violentos conflictos desatados por organizaciones que dicen defender a las comunidades mapuches en las provincias de Río Negro y Chubut.
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