La Corte Suprema de Justicia declaró hoy la inconstitucionalidad de la ley 26.080 aprobada en 2006, impulsada por la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que redujo de 20 a 13 la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección y remoción de jueces en todo el país.
En un fallo con el voto de sus cuatro miembros, el máximo tribunal del país instó además a que el Congreso dicte una nueva ley sobre la conformación del organismo creado con la reforma constitucional de 1994.
La Corte Suprema dictó el fallo en medio de una tensa relación con el Gobierno de Alberto Fernández, que sostuvo que hace falta revisar la composición y forma de trabajo del tribunal formado por los ministros Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes la semana pasada fueron blanco de duras críticas del ministro de Justicia, Martín Soria.
La modificación promovida en 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández Kirchner había aumentado la representación de dirigentes políticos, con lo que se rompió el equilibrio en el mecanismo de toma de decisiones en el Consejo de la Magistratura, como alegaron asociaciones de juristas y abogados que habían apelado a la Corte Suprema para que revise la legislación.
Desde 2006 el Consejo de la Magistratura está formado por tres jueces, dos abogados, cuatro legisladores de la mayoría, dos legisladores de la minoría, un académico y un representante del Poder Ejecutivo, composición que fue anulada por la Corte Suprema.
Los especialistas en derecho aseguran que esa conformación trabó nombramientos y provocó vacantes en casi el 30% de los puestos disponibles en juzgados de todo el país, con lo que la administración de Justicia quedó en manos de jueces subrogantes y suplentes que carecen de estabilidad en sus funciones.
Antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno había enviado al Congreso una reforma del Consejo de la Magistratura para ampliar de 13 a 17 el número de sus miembros con mayor presencia de abogados, magistrados y representantes del sector académico, una iniciativa que difícilmente sea aceptada por la oposición.
Dirigentes de Juntos por el Cambio sostienen que la iniciativa del Gobierno buscaba frenar el fallo dictado hoy por la Corte Suprema y que la ampliación propuesta oculta mantener la preponderancia política mediante la incorporación de representantes académicos, es decir de universidades.
Además afirman que «la agenda judicial» promovida por el oficialismo en el Congreso apunta a «garantizar la impunidad» de Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios implicados en causas por presuntos casos de corrupción.
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