Habían denunciado a los funcionarios José Glinski, María Florencia Carignano, Gabriela Logatto, Paola Tamburelli y Silvia Brunilda Traverso, por la presencia irregular de la aeronave perteneciente a la empresa Emtrasur. Y se resaltó la importancia de que se investigue si los tripulantes tienen vínculos con el terrorismo, tras un día de intensa alarma en varios sectores de nuestra sociedad.
En esa línea, Santoro “celebró” la intervención de la Justicia “en este nuevo escándalo que ocurre en nuestro país. Con los antecedentes que tiene la Argentina, con dos atentados, el Memorándum con Irán o la muerte del fiscal Nisman, es vergonzoso que este avión haya podido desplazarse por nuestro espacio aéreo sin ningún tipo de control con los elementos de rastreo apagados. Esta situación cobró relevancia solamente cuando le fue negado el acceso al suelo uruguayo, es evidente que la libertad que tuvieron no pudo ser posible sin la connivencia del gobierno argentino”.
En tanto, Rinaldi reclamó que la “Justicia llame a declarar a la número 2 de la ANAC, la Directora Nacional de Transporte Aéreo Florencia Dovichi y la Presidente de la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) Gabriela Logatto. Hay que revisar también los libros de Ezeiza para verificar cuántas veces vino desde 2020 el Jumbo Venezolano a la Argentina”.
Vale destacar que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, le había ordenado a la Dirección de Migraciones que retenga el pasaporte de los cinco iraníes que viajaban en el avión por otras 72 horas, y aceptó como querellante a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
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