La Comisión Nacional de Valores (CNV) actualizó los lineamientos para la emisión de valores negociables Sociales, Verdes y Sostenibles (SVS), con la incorporación de instrumentos vinculados con resultados y una mayor exigencia para la emisión de fideicomisos solidarios y de fondos abiertos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).
La actualización de los lineamientos originalmente publicados en 2018 está contemplada en la Resolución General 963, que será publicada mañana en el Boletín Oficial, según se anticipó.
«Hicimos pequeños ajustes luego de un trabajo de consultoría que realizamos con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), con el propósito de darle más institucionalidad a este tipo de instrumentos», precisó a Télam el director de la CNV, Matías Isasa.
Los lineamientos de 2018 reconocían a los valores negociables Sociales, Verdes y Sostenibles, a los que genéricamente el mercado denomina «Bonos SVS», aunque también pueden ser otros instrumentos, como fideicomisos o fondos comunes de inversión.
La actualización contemplada en la nueva resolución incorpora a los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad que, a diferencia de los anteriores «el que los emite se compromete a alcanzar ciertos objetivos en un plazo determinado», indicó Isasa.
Al respecto, señaló que en los bonos SVS «no hay consecuencias financieras para el emisor si el objetivo no se cumple, pero sí las hay en los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad», ya que si los objetivos establecidos se consiguen «la tasa del bono es la que se pautó», pero si no se cumplen «hay un castigo en la tasa de interés que el emisor va a pagar por ese instrumento».
Para determinar el cumplimiento de esos objetivos, el emisor debe contratar una certificadora ambiental, que puede ser una calificadora de riesgo u otra entidad, como por ejemplo universidades nacionales.
Isasa explicó que estos bonos no estaban incluidos en los lineamientos de 2018 porque «son una novedad, surgen después de ese año».
«El mercado creó este instrumento, es un desarrollo privado, como un mecanismo de generar incentivos más interesantes», agregó.
Por otra parte, se aumentan las exigencias para los denominados fideicomisos solidarios, en el que el fiduciante es un organismo del sector público (nacional, provincial o municipal) para el financiamiento de un proyecto de impacto social.
A partir de la publicación de la nueva resolución, deberán tener una certificación social dada por un tercero independiente, «algo que no estaba originalmente previsto en la norma», acotó Isasa.
«Otro cambio importante tiene que ver con los fondos abiertos ASG», a los que se les exigirá que sean «ASG puros», es decir que «sólo inviertan en valores negociables que tengan impacto social, verde o ambiental», indicó.
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